Estamos adaptandonos a una nueva realidad, que muchas veces nos excede, pero con esfuerzo e ingenio la mayoría de las familias lo está logrando, a pesar de las dificultades diarias. El escenario que afrontamos es crítico: la pandemia ha impuesto importantes restricciones que han alterado gravemente el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. A consecuencia de ello, ya han aflorado muchas preocupaciones y controversias, y otras tantas se avizoran en puerta.
Así también, la sociedad exige a las máximas autoridades el pleno funcionamiento y la puesta en marcha del Poder Legislativo y del Poder Judicial en todo el país, ya que su falta de actividad trae consecuencias graves para la institucionalidad del país, debilitándola.
Entendemos imprescindible reclamar por el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado, pensando y actuando con absoluta responsabilidad institucional y por supuesto cuidando la vida y salud de todos los trabajadores.
Es importante disminuir los espacios de decisión única del Poder Ejecutivo (por ejemplo los DNU) teniendo como prioridad la necesidad de cuidar la democracia y hacer funcionar todas las instituciones del país. La actual parálisis del Poder Legislativo y el Poder Judicial nos debilita y causa mucho daño.
Lamentablemente temas laborales, comerciales, civiles y de familia, entre tantos otros, no encuentran respuesta a sus necesidades.
En un Estado de Derecho, la administración de Justicia es una función estatal básica que sirve a la satisfacción de los derechos fundamentales de todas las personas y siempre en ese sentido se deben tomar decisiones para que los juzgados puedan funcionar a pesar de la crisis por la pandemia.
Creemos que es imprescindible que los órganos judiciales en la mayor brevedad posible, recuperen su plena capacidad de funcionamiento, y no sólo que se atiendan temas urgentes, lo cual genera graves perjuicios a la ciudadanía y a los profesionales que trabajan en ello.
. Tantas problemáticas diarias en la sociedad demandan un servicio de justicia plenamente activo para satisfacer las necesidades de la población, que no pueden esperar más, y que viene reclamando un mejor servicio de Justicia desde hace tiempo y sin dudas debe estar a la altura de las circunstancias.
Los tres poderes del Estado ahora tienen planteado un nuevo y delicado desafío en beneficio de la sociedad, hacer los máximos esfuerzos para lograr el bienestar de la comunidad toda, de manera integral.
El funcionamiento del Poder Judicial debe ser garantizado no solo en situaciones normales, sino también en situaciones de emergencia, para velar por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y controlar el actuar de las autoridades públicas.
Es nuestro máximo deseo que la administración de Justicia prontamente recupere su capacidad de cumplir su función institucional y, a la vez, que se preserve la salud de todas las personas involucradas con miras a contener la propagación del Covid-19.
Como legisladores provinciales reclamamos el inmediato reinicio de las actividades, con funcionamiento pleno de los poderes Legislativos y Judicial del país, y de los organismos de control de acuerdo a lo que establece la Constitución, siempre dentro de las prevenciones sanitarias que establecen los protocolos.
El Poder Legislativo nacional cumple un rol esencial dentro de una república porque se encarga de sancionar leyes y de controlar al Ejecutivo. Y vemos que se ha refugiado en argumentos poco coherentes para evitar sesionar, tomándose demasiado tiempo en debatir si sesionan o no y en cómo lo harán, sólo dilatando su funcionamiento y generando un gran malestar en toda la población.
Estamos convencidos que la pasividad y la insensibilidad de un poder del Estado nunca puede ser la respuesta para una crisis, todo lo contrario, y por esto solicitamos que la pandemia del coronavirus no sea una excusa sino una oportunidad para que todos mejoremos.
Lic. Juan Argañaraz
Diputado Provincial
